La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA) expresaron su profundo rechazo por la creación de un peaje ilegal por 5 km de ruta, y la implementación de nuevos requisitos administrativos en el municipio de Ramallo para que el transporte de cargas pueda circular por la zona industrial y hacia el puerto de San Nicolás, corredor estratégico para la producción industrial y las exportaciones argentinas.

A través de una nueva ordenanza del 19 de octubre, el municipio complementó la creación del peaje ilegal con la flamante implementación del Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado (SIGTP), mediante el cual exige a los transportistas registrarse y tramitar autorizaciones para operar dentro del municipio.

Las entidades cuestionan que el SIGTP recrea a nivel local obligaciones similares a las previstas en el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), un régimen que había sido eliminado por el Gobierno Nacional en 2024, en el marco de las políticas de desregulación del transporte de cargas. La creación de nuevos registros, permisos y mecanismos de control municipales implica volver a imponer exigencias burocráticas que habían sido removidas para agilizar la actividad logística y productiva.

El incumplimiento del régimen, creado por la ordenanza municipal, puede dar lugar a multas, restricciones a la circulación y retención de vehículos y podrían significar el cierre de las fábricas que contratan a los transportistas. Lo que es peor es que establece la responsabilidad solidaria de las empresas dadoras de carga, ante el hipotético incumplimiento de los transportistas. 

En septiembre pasado, UIPBA y ADIBA ya habían advertido sobre la creación del peaje ilegal para el transporte de cargas en Ramallo, al considerar que la medida constituía una nueva barrera para la circulación de bienes en un corredor estratégico. Los valores de este peaje ilegal de 5km podrían oscilar entre $25.000 y $62.000 por viaje. La medida impacta a más de 100 empresas argentinas, y el costo anual podría llegar hasta a $500 millones por organización. De hecho, el sistema de peaje ya fue concesionado a una empresa privada que recibiría el 50% de la recaudación, y que ya instaló un pórtico a modo de telepeaje en el ex Camino Provincial 87, único acceso habilitado para tránsito pesado, sin vías alternativas. El municipio de Ramallo está de hecho intimando en estos días a los transportistas -por whatsapp y otros medios- para que soliciten el TAG del telepeaje y se registren en el sistema. 

A un mes de aquel planteo, la situación se agravó con la creación de un nuevo registro, permisos y mecanismos de control para el transporte pesado, que suman burocracia, incrementan los costos logísticos y reintroducen exigencias que habían sido eliminadas por el Gobierno Nacional para simplificar la actividad. 

Estas iniciativas convierten un corredor logístico en una fuente de recaudación, desconociendo la libre circulación de bienes en el país. A la vez, deterioran la competitividad argentina agregando costos a la logística sin generar valor adicional, encarecen el movimiento de insumos, materias primas y productos terminados y terminan impactando sobre la industria, el comercio y las exportaciones. En un país que necesita integrarse al mundo y reducir costos logísticos para competir, municipios que crean aduanas internas generan una nueva capa del denominado “costo argentino”.

Finalmente, UIPBA y ADIBA alertaron sobre el precedente que podría generar este tipo de iniciativas inconstitucionales si comenzaran a replicarse en otros municipios. La creación de medidas de este tipo puede generar una red de barreras superpuestas a lo largo de todo el país, convirtiéndose en múltiples costos para transportar una misma carga por el territorio.